Marzo 2021. La media de desalojos en Cataluña alcanza la espantosa cifra de quince intervenciones diarias. Decenas de familias vulnerables son echadas de sus casas cada día sin ofrecerles, en muchas ocasiones, alternativa alguna.

Los servicios sociales, totalmente desbordados, no alcanzan a ofrecer opciones dignas para los afectados, condenando a muchas de estas personas a vivir en la calle con todo el riesgo que eso implica. Da igual si son personas mayores o familias con recién nacidos, ninguna persona se salva ante la sentencia de un juez ejecutada por los Mossos. Sin una moratoria firme que regule los desahucios y una voluntad política de libre mercado inmobiliario, las personas continuarán siendo una simple estadística ante los ojos de los gobiernos. Aun así, organizaciones populares derivadas de asociaciones como la PAH, entre otras, se han estructurado en sindicatos de barrio para frenar el desalojo de sus vecinos. Grupos asamblearias que, a pesar de las multas y la represión, continúan la encomiable labor de revertir una situación que, sin duda, está más desbocada que nunca a raíz de la pandemia de la Covid-19.